por Antonio Tejeda Encinas Presidente PCDD-Participación Ciudadana, Democracia y Derecho
La crisis de vivienda en Tenerife no es un fenómeno inesperado ni una consecuencia natural de la evolución del mercado. Es el resultado de una gestión política que ha priorizado la especulación inmobiliaria, el turismo descontrolado y la acumulación de activos en manos privadas. Lo que muchos identifican como una crisis es, en realidad, un modelo de administración del territorio basado en el beneficio empresarial y no en la calidad de vida de la población.
Noam Chomsky desglosó en su análisis sobre manipulación mediática una estrategia clave: problema-reacción-solución. Primero se fomenta un problema, luego se orienta la indignación pública hacia causas secundarias y, finalmente, se ofrece una solución que no altera el statu quo. En Canarias, este mecanismo es evidente: el turismo eleva el coste de vida, los salarios no se ajustan y la vivienda se convierte en un lujo inaccesible. Sin embargo, en lugar de abordar las causas estructurales, el discurso político se centra en problemas periféricos, asegurando que la respuesta social se mantenga dentro de los márgenes deseados.
El guion del problema: viviendas vacías y especulación
El relato oficial sugiere que la crisis habitacional se debe a un “desequilibrio entre oferta y demanda”. Es decir, hay más gente queriendo vivienda que viviendas disponibles. Pero la realidad contradice esta premisa:
El 63,7% de los hogares canarios no son propietarios de su vivienda, la tasa más baja de España.
En Santa Cruz de Tenerife, el alquiler de una habitación en el centro supera los 1.300€/mes, un 29,4% más que en 2020.
El 70% de las licencias turísticas en Tenerife están concentradas en cinco municipios del sur, donde los alquileres residenciales han subido más de un 60% en los últimos cinco años.
El problema no es la falta de suelo, ni la sobrepoblación, ni siquiera el crecimiento de la demanda. El problema es que la vivienda se ha convertido en un activo financiero, administrado en función de la rentabilidad y no de la necesidad social. Se trata de un mercado diseñado para favorecer la acumulación de propiedades, facilitando el acceso a inversores mientras se encarece la vida de la población local.
Pero aquí es donde entra el segundo acto del guion: desviar la atención.
La inmigración como cortina de humo
Cada vez que el malestar social crece, el debate se reorienta hacia la inmigración. El mecanismo es simple: vincular la falta de vivienda o el deterioro de los servicios públicos con la llegada de población migrante, a pesar de que los datos desmienten esa relación.
En 2024, llegaron 46.000 migrantes a Canarias, pero en 2025 las llegadas han disminuido un 43,3%. Aun así, el discurso de la “avalancha migratoria” sigue en primera línea del debate político.
El 15% de la población canaria es extranjera, pero su distribución no es uniforme: en sectores como la agricultura, el 80% de los trabajadores son migrantes debido a los bajos salarios y las condiciones laborales precarias.
Canarias necesita 20.000 trabajadores extranjeros para empleos precarios, mientras mantiene una tasa de desempleo de 160.000 personas.
En este contexto, han surgido manifestaciones de grupos que cuestionan la llegada de más inmigrantes mientras la población local no puede acceder a una vivienda. La consigna es clara: «¿Cómo vamos a seguir recibiendo migrantes si no hay casas ni trabajo?». La indignación es legítima, pero está dirigida al objetivo equivocado.
El malestar social no nace de la inmigración, sino de un modelo económico que ha encarecido la vivienda, ha precarizado el empleo y ha entregado la gestión del territorio a intereses privados. Sin embargo, en lugar de señalar a los verdaderos responsables —el sector inmobiliario, las políticas turísticas y la falta de regulación estatal—, se canaliza la frustración hacia los migrantes. Es el reflejo perfecto del problema-reacción-solución descrito por Chomsky: generar el malestar, orientar la rabia hacia un enemigo externo y ofrecer soluciones cosméticas que no alteren el fondo del problema.
Turismo y crisis de recursos: la ecuación oculta
Mientras la vivienda se encarece y el mercado laboral se degrada, otro factor clave en esta ecuación pasa desapercibido: la sobreexplotación de los recursos en función del turismo masivo.
El 70% del agua en el sur de Tenerife se destina a hoteles y campos de golf, mientras los acuíferos están en niveles críticos.
Pese a la crisis hídrica, Tenerife recibirá 2,9 millones de turistas en 2025, un 9,4% más que en 2024. Este crecimiento refleja una paradoja: mientras se agotan los recursos, se intensifica el modelo que los depreda.
Según la Universidad de La Laguna (2025), el 80% de los beneficios del turismo se externalizan a matrices extranjeras, principalmente cadenas hoteleras y fondos de inversión.
El relato oficial insiste en que el turismo “sostiene la economía canaria”, pero omite que los beneficios se concentran en manos de unos pocos mientras los costes son socializados. La crisis de recursos no es una consecuencia del crecimiento demográfico, sino de una distribución desigual de los recursos en función de intereses privados.
Por fin: la crisis como modelo de gestión
Hablar de crisis implica asumir que hay un problema que necesita resolverse. Pero en este caso, la supuesta crisis no es un fallo del sistema, sino su funcionamiento normal. La especulación inmobiliaria, la explotación laboral y el agotamiento de los recursos no son efectos secundarios de un modelo fallido, sino la base de su operatividad.
La clave del problema no está en la inmigración, ni en la falta de suelo, ni en la sobrepoblación. Está en una estructura económica y política que convierte la vivienda en un activo especulativo, externaliza los beneficios del turismo y mantiene la precariedad laboral como norma.
El debate seguirá girando en torno a soluciones superficiales —construir más viviendas, atraer inversión, regular el alquiler—, sin abordar el problema real: quién controla el territorio y para qué fin.
Mientras países como Austria protegen el acceso a la vivienda con un 60% de oferta pública, Canarias sigue anclada a un modelo donde el 70% de las licencias turísticas benefician a cinco municipios.
La pregunta no es cuánto tiempo puede sostenerse este modelo, sino cuánto tiempo más la sociedad canaria aceptará este juego sin cuestionar sus reglas.
