{"id":2634,"date":"2025-04-03T13:01:09","date_gmt":"2025-04-03T13:01:09","guid":{"rendered":"https:\/\/pcdd-global.org\/?p=2634"},"modified":"2025-04-05T12:53:56","modified_gmt":"2025-04-05T12:53:56","slug":"desafios-normativos-implementacion-ia-en-administracion-publica-espanola-agravio-comparativo-sector-publico-y-privado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pcdd-global.org\/es\/derecho-digital-ia\/desafios-normativos-implementacion-ia-en-administracion-publica-espanola-agravio-comparativo-sector-publico-y-privado\/","title":{"rendered":"Desaf\u00edos Normativos Implementaci\u00f3n IA en Administraci\u00f3n P\u00fablica Espa\u00f1ola: Agravio Comparativo Sector P\u00fablico y Privado"},"content":{"rendered":"

Por Antonio Tejeda Encinas, \u00a0<\/a>Presidente Comit\u00e9 Euro Americano de Derecho Digital – CEA Digital Law<\/a><\/p>\n

El art\u00edculo anterior, \u00abInteligencia Artificial y la Crisis Sist\u00e9mica de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Espa\u00f1ola<\/a>\u00ab, expuse una realidad preocupante: la coexistencia de una legislaci\u00f3n ambiciosa en inteligencia artificial con una administraci\u00f3n p\u00fablica espa\u00f1ola que a\u00fan enfrenta desaf\u00edos significativos en su digitalizaci\u00f3n. Problemas de obsolescencia tecnol\u00f3gica, falta de interoperabilidad, formaci\u00f3n digital insuficiente en los funcionarios y descoordinaci\u00f3n competencial plantean serias dudas sobre la capacidad del sector p\u00fablico espa\u00f1ol para implementar y gestionar sistemas de IA de manera efectiva y \u00e9tica. En este contexto, la reciente propuesta de excluir a las Administraciones P\u00fablicas (AAPP) del r\u00e9gimen sancionador en el Anteproyecto de Ley para el Buen Uso y la Gobernanza de la IA a\u00f1ade una nueva capa de complejidad y potencial riesgo.\u200b<\/p>\n

Dicho anteproyecto, aprobado en Consejo de Ministros el 11 de marzo de 2025, busca establecer un marco normativo para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en Espa\u00f1a, adaptando la legislaci\u00f3n nacional al Reglamento (UE) 2024\/1689 (Reglamento de IA o AI Act).\u200b<\/p>\n

Articulaci\u00f3n con el AI Act Europeo<\/strong>
\nEl Reglamento (UE) 2024\/1689 establece un marco jur\u00eddico com\u00fan para la inteligencia artificial en la Uni\u00f3n Europea, aplicable tanto al sector privado como al p\u00fablico. La exclusi\u00f3n de las AAPP del r\u00e9gimen sancionador en el anteproyecto espa\u00f1ol podr\u00eda generar discrepancias con el marco comunitario, ya que el reglamento europeo no contempla tales exenciones para las administraciones p\u00fablicas. Esta divergencia podr\u00eda dar lugar a conflictos en la aplicaci\u00f3n de las normativas y cuestionamientos sobre el cumplimiento de las obligaciones europeas por parte de Espa\u00f1a.\u200b<\/p>\n

En concreto:<\/strong><\/p>\n

Impacto en la armonizaci\u00f3n normativa dentro de la UE<\/h2>\n

<\/strong><\/p>\n

El Reglamento establece est\u00e1ndares uniformes para garantizar que todos los actores, p\u00fablicos y privados, sean responsables del uso de IA. La exenci\u00f3n espa\u00f1ola podr\u00eda ser interpretada como una violaci\u00f3n del principio de igualdad ante la ley, debilitando los esfuerzos europeos por establecer un mercado \u00fanico digital coherente. Esto podr\u00eda provocar procedimientos de infracci\u00f3n contra Espa\u00f1a, liderados por la Comisi\u00f3n Europea, por incumplir los requisitos de armonizaci\u00f3n establecidos en el marco comunitario.<\/p>\n

Sanciones por incumplimiento:<\/strong><\/p>\n

En casos similares, la Comisi\u00f3n Europea ha sancionado a pa\u00edses miembros por no adaptar su legislaci\u00f3n nacional a las directivas europeas. Espa\u00f1a podr\u00eda enfrentarse a multas econ\u00f3micas o restricciones presupuestarias en fondos destinados a innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica si persiste esta exclusi\u00f3n normativa.<\/p>\n

Consolidaci\u00f3n de argumentos repetitivos<\/h2>\n

<\/strong>
\nLa falta de un r\u00e9gimen sancionador efectivo para las AAPP act\u00faa como una \u00abcarta blanca\u00bb para actuar sin la debida diligencia en el \u00e1mbito de la IA, lo que genera dos consecuencias principales:<\/p>\n

Erosi\u00f3n de la confianza ciudadana: La percepci\u00f3n de que las administraciones p\u00fablicas est\u00e1n exentas de sanciones alimenta la desconfianza en instituciones gubernamentales y fomenta un sentimiento de desigualdad frente al sector privado, sujeto a estrictas multas econ\u00f3micas.<\/p>\n

Riesgos operativos:<\/strong>
\nFuncionarios p\u00fablicos podr\u00edan priorizar rapidez sobre \u00e9tica en implementaciones tecnol\u00f3gicas, exacerbando problemas como sesgos discriminatorios o decisiones automatizadas err\u00f3neas que afectan derechos fundamentales.<\/p>\n

Si, como se argument\u00f3 previamente, en el art\u00edculo anterior, los algoritmos gubernamentales\u00a0 \u00a0ya pueden presentar sesgos discriminatorios y la administraci\u00f3n adolece de una \u00abcrisis sist\u00e9mica\u00bb en su infraestructura digital, la ausencia de sanciones econ\u00f3micas ante un uso indebido de la IA podr\u00eda tener consecuencias a\u00fan m\u00e1s graves. La posibilidad de que un Ministerio o un Ayuntamiento despliegue un sistema de IA de \u00abalto riesgo\u00bb sin las salvaguardias exigidas o incluso una IA prohibida con la \u00fanica consecuencia de un apercibimiento no solo representa un agravio comparativo para el sector privado, sino que tambi\u00e9n mina la confianza ciudadana en la equidad y responsabilidad del Estado.\u200b<\/p>\n

La falta de un r\u00e9gimen sancionador efectivo para las AAPP podr\u00eda interpretarse como una \u00abcheque en blanco\u00bb para actuar sin la debida diligencia en el \u00e1mbito de la IA. Si los funcionarios p\u00fablicos perciben que los errores o las malas pr\u00e1cticas en el uso de la inteligencia artificial no conllevan consecuencias econ\u00f3micas, el incentivo para priorizar la \u00e9tica, la transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas podr\u00eda verse significativamente reducido. Esta situaci\u00f3n es especialmente preocupante considerando la ya existente resistencia al cambio y la desconfianza hacia los sistemas automatizados manifestada por algunos funcionarios.\u200b<\/p>\n

Como se analiz\u00f3 en la primera parte, las justificaciones para esta exclusi\u00f3n, basadas en la \u00abunidad de caja\u00bb o la naturaleza del \u00abinter\u00e9s general\u00bb, resultan d\u00e9biles frente a los principios de igualdad y responsabilidad. Permitir que el Estado se autoexima de las sanciones que s\u00ed se imponen a los ciudadanos y a las empresas rompe con el principio b\u00e1sico de que la ley debe regir igual para todos. M\u00e1s a\u00fan, en un \u00e1mbito tan sensible como la IA, donde los errores pueden afectar Derechos Fundamentales, esta asimetr\u00eda normativa podr\u00eda tener un impacto directo y perjudicial en la vida de las personas, exacerbando las consecuencias sociales de la \u00abexclusi\u00f3n algor\u00edtmica\u00bb ya observada.\u200b<\/p>\n

La experiencia con la exclusi\u00f3n de multas a las administraciones p\u00fablicas en la Ley Org\u00e1nica de Protecci\u00f3n de Datos (LOPD) y posteriormente en el RGPD ofrece lecciones relevantes. Como se se\u00f1al\u00f3 anteriormente, esta pr\u00e1ctica ha sido criticada por crear \u00abislas de impunidad\u00bb y ha generado una percepci\u00f3n de doble vara de medir. La ausencia de sanciones econ\u00f3micas ha podido restar fuerza disuasoria a las acciones de la Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos (AEPD). Es previsible que la Agencia Espa\u00f1ola de Supervisi\u00f3n de la IA (AESIA) se enfrente a una situaci\u00f3n similar si se mantiene la exclusi\u00f3n de sanciones, limitando su capacidad para \u00abfiscalizar efectivamente\u00bb a las Administraciones.\u200b<\/p>\n

Ante este panorama, resulta crucial reconsiderar la exclusi\u00f3n de las AAPP del r\u00e9gimen sancionador en la Ley de IA. Tal como sugieren diversas asociaciones y expertos, es fundamental eliminar o al menos acotar significativamente esta exenci\u00f3n. Establecer mecanismos de rendici\u00f3n de cuentas equitativos es esencial para garantizar un uso responsable y \u00e9tico de la inteligencia artificial en el sector p\u00fablico. Esto podr\u00eda incluir:\u200b<\/p>\n

* Permitir sanciones econ\u00f3micas para las AAPP, quiz\u00e1s con topes reducidos y destinando los fondos a proyectos de IA \u00e9tica o fines sociales.\u200b<\/p>\n

* Implementar sanciones no pecuniarias efectivas, como la suspensi\u00f3n temporal de sistemas de IA, la publicaci\u00f3n de informes de infracci\u00f3n o la retenci\u00f3n de fondos.\u200b<\/p>\n

* Fortalecer la supervisi\u00f3n independiente de la IA p\u00fablica por parte de la AESIA, otorg\u00e1ndole plenas facultades de control y auditor\u00eda.\u200b<\/p>\n

* Promover la transparencia y la participaci\u00f3n ciudadana en el desarrollo y uso de la IA por las AAPP.\u200b<\/p>\n

En definitiva, la\u00a0implementaci\u00f3n exitosa y \u00e9tica de la inteligencia artificial en la administraci\u00f3n p\u00fablica espa\u00f1ola requiere un marco normativo coherente y robusto que obligue a todos los actores, tanto p\u00fablicos como privados, a rendir cuentas por sus acciones.<\/span> Mantener una exenci\u00f3n de sanciones para las Administraciones P\u00fablicas, en el contexto de las ya existentes debilidades sist\u00e9micas, podr\u00eda perpetuar la desconfianza ciudadana y socavar la legitimidad de la propia ley y del Estado de derecho.<\/span> Es esencial que se establezcan mecanismos de responsabilidad equitativos para garantizar que la adopci\u00f3n de la inteligencia artificial en el sector p\u00fablico se realice de manera transparente, \u00e9tica y conforme a los principios de igualdad ante la ley.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El art\u00edculo anterior, \u00abInteligencia Artificial y la Crisis Sist\u00e9mica de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Espa\u00f1ola\u00bb, expuse una realidad preocupante: la coexistencia de una legislaci\u00f3n ambiciosa en inteligencia artificial con\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":2619,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"pcdd_idioma":"es","wds_primary_category":0,"wds_primary_pcdd_pais":0,"footnotes":""},"categories":[2,2,2],"tags":[29,377,381],"pcdd_pais":[14,14,14],"class_list":["post-2634","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-derecho-digital-ia","tag-administracion-publica-espanola","tag-regimen-sancionador-en-ia","tag-regulacion-inteligencia-artificial","pcdd_pais-espana"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pcdd-global.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2634","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pcdd-global.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pcdd-global.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pcdd-global.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pcdd-global.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2634"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/pcdd-global.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2634\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pcdd-global.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2619"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pcdd-global.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2634"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pcdd-global.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2634"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pcdd-global.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2634"},{"taxonomy":"pcdd_pais","embeddable":true,"href":"https:\/\/pcdd-global.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pcdd_pais?post=2634"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}