{"id":3067,"date":"2025-06-21T10:01:19","date_gmt":"2025-06-21T10:01:19","guid":{"rendered":"https:\/\/pcdd-global.org\/?p=3067"},"modified":"2025-07-02T20:29:57","modified_gmt":"2025-07-02T20:29:57","slug":"del-psoe-al-pp-la-onda-expansiva-del-caso-koldo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pcdd-global.org\/es\/instituciones-transparencia\/del-psoe-al-pp-la-onda-expansiva-del-caso-koldo\/","title":{"rendered":"Del PSOE al PP: La onda expansiva del caso Koldo"},"content":{"rendered":"
Por\u00a0Antonio Tejeda Encinas<\/a><\/div>\n
Abogado | Analista tecnopol\u00edtico |<\/div>\n
Presidente\u00a0Asociaci\u00f3n Participaci\u00f3n Ciudadana en Defensa de los Derechos Fundamentales,
\nDemocracia y Derechos Digitales -Tribuna Atl\u00e1ntica<\/div>\n
.<\/div>\n

La investigaci\u00f3n del caso Koldo, medi\u00e1ticamente bautizado as\u00ed y cuya estructura operativa presenta conexiones con las tramas del llamado macrocaso Delorme, (\u00abcaso mascarillas\u00bb y otras derivadas), arranc\u00f3 con los audios que implicaban al exministro Jos\u00e9 Luis \u00c1balos, a su antiguo asesor Koldo Garc\u00eda y al entonces n\u00famero tres socialista, Santos Cerd\u00e1n. La UCO describi\u00f3 pagos de hasta 620.000 euros (y otros 450.000 pendientes), ligados a contratos p\u00fablicos y constructoras de primer nivel.<\/p>\n

Pero el esc\u00e1ndalo dej\u00f3 de ser \u201csolo cosa del PSOE\u201d cuando salieron a la luz grabaciones en las que Miguel Tellado \u2014mano derecha de Feij\u00f3o\u2014 ofrec\u00eda a Koldo \u201cbeneficios judiciales y un puesto de trabajo\u201d si entregaba material contra los socialistas. Al mismo tiempo, la UCO confirm\u00f3 que est\u00e1 revisando decenas de audios en los que figuran pol\u00edticos del PP y del PSOE, adem\u00e1s de empresarios adjudicatarios. Resultado: un caso que comenz\u00f3 con tres nombres del PSOE se ensancha ahora hacia la bancada popular y apunta a una trama transversal que enlaza partidos y grandes contratistas, reavivando el recuerdo de \u201cM. Rajoy\u201d en la G\u00fcrtel. Este tel\u00f3n de fondo es el que da paso al art\u00edculo que sigue, donde se examina \u2014sin colores partidistas\u2014 la responsabilidad pol\u00edtica, empresarial y penal que emerge de este nuevo terremoto de corrupci\u00f3n.<\/p>\n

Corrupci\u00f3n sin excusas: entre partidos, empresas y leyes que llegan tarde<\/h2>\n

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\nEl caso Koldo no solo ha expuesto a personas concretas implicadas en corrupci\u00f3n, sino que ha abierto un debate m\u00e1s profundo sobre las complicidades estructurales entre poder pol\u00edtico, adjudicaciones p\u00fablicas y grandes empresas. La pregunta ya no es qui\u00e9n cometi\u00f3 el delito, sino por qu\u00e9 el sistema sigue permiti\u00e9ndolo con tanta facilidad.<\/p>\n

Una red transversal<\/h2>\n

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\nLos partidos pol\u00edticos intentan mantener la tesis de que la corrupci\u00f3n es un fen\u00f3meno individual. Pero los datos erosionan esa narrativa. En el PSOE, las investigaciones salpican a \u00c1balos y Cerd\u00e1n; en el PP, aparecen Miguel Tellado y Jacobo Pombo, junto con la enigm\u00e1tica referencia a un \u201cAlberto\u201d, mencionada en un auto del juez Ismael Moreno Chamarro (Juzgado Central de Instrucci\u00f3n n.\u00ba\u202f2 de la Audiencia Nacional), revelado a trav\u00e9s de una filtraci\u00f3n judicial por diversos medios de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n

\n

Es crucial se\u00f1alar que, a d\u00eda de hoy, ni el PSOE ni el PP como organizaciones est\u00e1n formalmente imputados en la causa; la responsabilidad penal recae sobre individuos concretos.<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

Sin embargo, esta distinci\u00f3n jur\u00eddica no exime de la responsabilidad pol\u00edtica. Igual que sucedi\u00f3 con \u201cM. Rajoy\u201d, ambos partidos insisten en separar las siglas de la culpa, aun cuando los implicados han ocupado posiciones claves en la maquinaria partidista. Esta estrategia, acompa\u00f1ada de una demonizaci\u00f3n mutua en el debate p\u00fablico, obvia el problema de fondo: si la pol\u00edtica no vigila sus propios procesos de control, deja el espacio libre para que el delito florezca en su seno, independientemente de que la investigaci\u00f3n judicial acabe, o no, se\u00f1alando al partido como instituci\u00f3n.<\/p>\n

Las empresas: actores silenciosos o engranajes clave<\/h2>\n

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\nMientras la opini\u00f3n p\u00fablica observa a los pol\u00edticos, el foco comienza a girar hacia los corruptores. La investigaci\u00f3n atribuye a Acciona pagos que superar\u00edan el mill\u00f3n de euros a cambio de obras en Adif y otros contratos bajo mandato de \u00c1balos; la empresa lo niega y ha abierto una pesquisa interna, despidiendo a directivos se\u00f1alados. No es un caso aislado, sino parte de un patr\u00f3n bien conocido.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 falla en la responsabilidad penal empresarial?<\/h2>\n

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\nDesde 2010, las empresas pueden ser condenadas en Espa\u00f1a (art. 31 bis CP). Sin embargo, la ley se ha revelado insuficiente. Su principal debilidad reside en que la carga probatoria recae casi por completo en la Fiscal\u00eda, que debe demostrar un \u00abdefecto de organizaci\u00f3n\u00bb o la ausencia de controles. Esto facilita la impunidad cuando la corrupci\u00f3n se disfraza de \u201cerror individual\u201d y el programa de cumplimiento es un mero documento formal sin aplicaci\u00f3n real.

\nPara que la ley sea una herramienta verdaderamente disuasoria, las reformas que ahora retoman fuerza deben ser t\u00e9cnicamente impecables y constitucionalmente s\u00f3lidas:

\nHacia una carga probatoria equilibrada:<\/strong> La petici\u00f3n de \u00abinvertir la carga de la prueba\u00bb choca con la presunci\u00f3n de inocencia. La soluci\u00f3n jur\u00eddicamente viable es establecer una presunci\u00f3n iuris tantum<\/em> (que admite prueba en contrario) de defecto organizativo. As\u00ed, una vez acreditado el delito en beneficio de la empresa, ser\u00eda esta la que tendr\u00eda que demostrar activamente que su modelo de prevenci\u00f3n era id\u00f3neo, eficaz y estaba dotado de recursos, transformando el cumplimiento de un escudo de papel en una obligaci\u00f3n demostrable.

\nVeto a la contrataci\u00f3n p\u00fablica, garantista pero implacable:<\/strong> La propuesta de un \u00abveto inmediato y permanente\u00bb para empresas investigadas es jur\u00eddicamente inviable por desproporcionada. La reforma debe contemplar una prohibici\u00f3n autom\u00e1tica de contratar con la administraci\u00f3n como medida cautelar desde el auto de apertura de juicio oral, una fase procesal con indicios m\u00e1s s\u00f3lidos. La sanci\u00f3n final deber\u00eda consistir en una prohibici\u00f3n de larga duraci\u00f3n (10-15 a\u00f1os), solo revisable ante una colaboraci\u00f3n excepcional con la justicia.

\nMultas que se duelan en la cuenta de resultados:<\/strong> El sistema actual es ineficaz. La reforma debe adoptar el modelo del Derecho de la Competencia europeo y fijar multas calculadas como un porcentaje significativo del volumen de negocio global anual de la empresa. Solo as\u00ed la sanci\u00f3n dejar\u00e1 de ser un \u00abcoste operativo\u00bb asumible para convertirse en un elemento disuasorio real.

\nFortalecimiento de los mecanismos de control:<\/strong> Es imprescindible ir m\u00e1s all\u00e1 de la mera existencia de canales de denuncia. Se necesita una transposici\u00f3n valiente de la Directiva Europea de Denuncia de irregularidades que proteja de forma absoluta al denunciante. Y, de forma paralela, regular por ley la autonom\u00eda, recursos y protecci\u00f3n del Oficial de Cumplimiento, para que no sea una figura decorativa, y dotar de eficacia a la responsabilidad solidaria de grupos y filiales, impidiendo que la matriz se esconda tras una sociedad instrumental.<\/p>\n

El silencio como c\u00f3mplice: partidos, patronales y reformas que no llegan<\/h2>\n

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\nLa vicepresidenta Yolanda D\u00edaz reclama vetos autom\u00e1ticos a empresas corruptas y el fin de los aforamientos. Mientras tanto, PSOE y PP se limitan a deslindar responsabilidades personales. Desde la CEOE, Antonio Garamendi insiste en que \u201cno se criminalice al empresariado\u201d y culpa en exclusiva al poder pol\u00edtico, obviando que sin corruptores no hay corrupci\u00f3n.

\nEsta posici\u00f3n, que pretende eximir a las grandes empresas de cualquier responsabilidad, contrasta con las pruebas que apuntan a la implicaci\u00f3n de grandes grupos empresariales en tramas de adjudicaciones irregulares. El resultado es un silencio c\u00f3mplice: mientras los partidos y la patronal se acusan mutuamente, las reformas que podr\u00edan atajar el problema siguen pendientes.

\nLa realidad es que la corrupci\u00f3n no se entiende sin la complicidad de todos los actores implicados: pol\u00edticos, partidos y empresas. Eludir la responsabilidad colectiva solo perpet\u00faa la impunidad y la sensaci\u00f3n de que el sistema funciona como un simulacro.<\/p>\n

El sistema o simulacro<\/h2>\n

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\nLa corrupci\u00f3n se sostiene gracias a un ecosistema donde empresas con poder de presi\u00f3n y partidos con controles laxos se encuentran en los intersticios de la contrataci\u00f3n p\u00fablica. Si el caso Koldo no quiere engrosar la lista de esc\u00e1ndalos olvidados, hacen falta:<\/p>\n

    \n
  • \n

    Reformas penales y administrativas inmediatas.<\/p>\n<\/li>\n

  • \n

    Transparencia radical en todas las adjudicaciones.<\/p>\n<\/li>\n

  • \n

    Compromiso pol\u00edtico real para aislar la financiaci\u00f3n opaca.<\/p>\n<\/li>\n

  • \n

    Ciudadan\u00eda vigilante que no se conforme con dimisiones cosm\u00e9ticas.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n

    Separar al corrupto de su partido o al empleado de su empresa ya no basta: si el entorno permite la corrupci\u00f3n y no reacciona, el entorno tambi\u00e9n es culpable.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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