Por Miguel Ángel Rodríguez Mackay
Ni siquiera se debería requerir de más mandatos y prerrogativas que los establecidos en la Constitución Política, la norma jurídica más importante del Estado peruano, para consagrar el empoderamiento jurídico-político de la coerción (amenaza o advertencia legítima) y de la coacción (uso de la fuerza o violencia legítima), que son un monopolio del propio Estado, y que se ejerce de manera exclusiva, por sus fuerzas tutelares y titulares, que son la Policía Nacional del Perú y nuestras Fuerzas Armadas, las que garantizan en su nombre el orden público y la seguridad y la defensa nacional, en el marco del frente interno y el frente externo, respectivamente.
Pero el Perú no es un país desarrollado, no nos engañemos, y por eso seguimos planeando para la sociedad de las carretas, siendo ganados dramáticamente por el desorden y la anarquía. Mucha leguleyada para reducir o para abatir a un ladrón y constituye un total contrasentido para un país en el que la violencia delincuencial sigue ganando terreno.
Aprobar más leyes es señal de un Estado débil que solo se dedica a dar manotazos de ahogado frente a la criminalidad que se combate con el único derecho que realmente cuenta: la Carta Magna de 1993 y el Código Penal, y si les parece, el propio Decreto Legislativo 1186 que —siempre digo a mis alumnos— esta última es su norma fundamental para el uso de la fuerza en el desempeño de sus funciones.
Pero si esta norma se agota —porque la realidad siempre supera a la ley— deberá primar el criterio policial, que el Estado y los jueces deben respaldar en todo momento con el denominado criterio jurídico.
Cuantas más normas jurídicas sigan creándose, más acorralados estarán nuestros valientes policías y militares, que deberán delimitar sus funciones contra la criminalidad casi actuando como con una rúbrica. ¡Qué vergüenza! Si seguimos como hasta ahora, terminaremos completamente dominados por la delincuencia que sigue riéndose a sus anchas de un Estado en el que sus autoridades creen que, dictando bibliotecas de legislaciones contra la inseguridad ciudadana, están trabajando para sacar al Perú del infierno en el que se encuentra.
Las autoridades políticas, los jueces y los fiscales deben despertar del largo sueño en el que se encuentran —casi en el país de las maravillas— y actuar en equipo con nuestros policías y militares para vencer a las bandas criminales, extorsionadores, sicarios, violadores, etc.
Necesitamos un Estado en el que un policía, por abatir a un delincuente con certeza indubitable, sea respaldado y protegido, para que no viva la frustración de cargar con un expediente a cuestas durante el resto de su vida, desgraciando también la de su familia.
Déjense de seguir dictando leyes que nos sobran y comprendan el sentido de las guerras justas, que no es otra cosa que la legitimación del uso de la fuerza en nombre del Estado, y que siempre subyace en la legítima defensa que es intrínseca a quien ejerce el uso de la fuerza en nombre del ius imperium.
(*) Excanciller del Perú e Internacionalista
