IMPUTABILIDAD PENAL DEL MENOR EN EL CASO DE MIGUEL URIBE TURBAY: Un enfoque pragmático.
Por Hoover Wadith Ruiz Rengifo
CEO de la Asociación colombiana de Derecho penal empresarial ASCOLDPEM
El lamentable atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025, reavivó el debate sobre la imputabilidad penal de menores en delitos graves. El atacante, un adolescente de 15 años, disparó con precisión y experticia como se ve en la forma que coge la pistola Glock calibre 9 mm, en un evento público, lo que generó interrogantes sobre la efectividad del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en casos de sicariato.
Desde nuestro enfoque pragmático la imputabilidad debe considerar la capacidad de comprensión y ejecución del delito, más allá de criterios etarios tradicionales. En nuestro enfoque un menor que planea y ejecuta un homicidio con plena conciencia de sus actos debe ser procesado bajo los estándares de responsabilidad penal adulta, sin perder de vista principios de proporcionalidad y garantías procesales. Pero la ejecución de una tentativa de homicidio y en la forma que se ve en el vídeo, este menor comprende lo que está haciendo.
En nuestro enfoque pragmático los menores involucrados en delitos de sicariato no deben beneficiarse de un régimen penal diferenciado si su conducta demuestra un nivel de premeditación y racionalidad equivalente al de un adulto. En el contexto colombiano, la criminalidad organizada ha utilizado la legislación sobre menores como una herramienta estratégica, reduciendo los riesgos penales para sicarios jóvenes.
Los críticos y bajo el ropaje de estándares degastados advertirán que endurecer las penas sin medidas de prevención y reinserción podría agravar la problemática en lugar de resolverla. Hay que decolonizar este estándar de minoría de edad y juzgamiento porque el contexto colombiano, permite romper con ese estándar, cuando se trata tentativa de sicariato, que se procesa bajo la figura de tentativa de homicidio agravado. En el caso del atentado contra Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía imputó al menor detenido por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, ya que el ataque no logró su objetivo final.
Sin embargo, la aplicación de criterios pragmáticos permitiría diferenciar entre delitos derivados de contextos de exclusión y vulnerabilidad y aquellos que responden a una voluntad criminal plenamente consciente.
Este debate sigue abierto, con propuestas legislativas orientadas a modificar la edad de imputabilidad en delitos graves, buscando un equilibrio entre seguridad, justicia y derechos fundamentales. La evolución del caso de Uribe Turbay podría ser determinante para futuras reformas en el Derecho penal juvenil colombiano.
