Por Antonio Tejeda Encinas
Abogado. Analista tecnopolítico. Presidente de PCDD–Global y del Comité Euroamericano de Derecho Digital- CEA Digital Law
La implementación de la inteligencia artificial (IA) en la administración pública ha generado debates significativos en diversos países. En sistemas centralizados con estándares tecnológicos homogéneos, como el del Reino Unido, se han identificado desafíos éticos y operativos en la automatización de servicios estatales. Este panorama invita a reflexionar sobre la situación en España, donde la administración pública enfrenta problemas crónicos de fragmentación, obsolescencia y una cultura funcionarial que, en algunos casos, dificulta la adaptación a la revolución digital.
Lecciones desde el Reino Unido: Advertencias no atendidas
El Reino Unido ha experimentado dificultades al implementar sistemas de IA en servicios públicos, evidenciando la necesidad de establecer marcos éticos y operativos sólidos. Aunque se han adoptado medidas para mejorar la transparencia y la equidad en el uso de algoritmos gubernamentales, persisten áreas críticas que requieren atención. Estas experiencias deberían servir como señal de alarma para España, donde la realidad administrativa presenta complejidades adicionales.
La paradoja española: Legislación avanzada vs. Realidad disfuncional
España ha mostrado iniciativa en la creación de marcos normativos relacionados con la IA, buscando establecer requisitos éticos y organismos de supervisión especializados. Sin embargo, esta ambición legislativa contrasta con una administración que, en muchos casos, opera con infraestructuras tecnológicas obsoletas y enfrenta desafíos significativos en su modernización.
La fragmentación como mal endémico
La estructura descentralizada de España ha llevado a la creación de múltiples sistemas tecnológicos independientes en las comunidades autónomas. Esta diversidad ha generado problemas de interoperabilidad en áreas críticas como la sanidad y la gestión de subvenciones, dificultando la implementación de soluciones tecnológicas unificadas y eficientes.
Los funcionarios: Entre la obsolescencia y la resistencia
El envejecimiento de la plantilla pública española, combinado con una formación digital insuficiente, representa un obstáculo para la modernización. Además, la presencia de empleados con actitudes negativas o resistentes al cambio puede afectar la productividad y el ambiente laboral, dificultando la implementación de innovaciones tecnológicas. Estos comportamientos no solo reducen la eficiencia, sino que también impactan negativamente en la moral del equipo y en la calidad del servicio ofrecido al ciudadano.
IA en tierra de nadie: El caos competencial
La implementación de proyectos de IA en España se enfrenta a desafíos derivados de la complejidad competencial entre diferentes niveles de administración. La falta de coordinación y la existencia de protocolos contradictorios dificultan la integración efectiva de soluciones tecnológicas, evidenciando la necesidad de una mayor armonización normativa y operativa.
Inversión vs. Realidad: El desafío de los fondos destinados a la transformación digital
A pesar de las inversiones significativas destinadas a la transformación digital de la administración pública, se han identificado dificultades relacionadas con la adquisición de tecnologías adecuadas y la formación especializada del personal. En algunos casos, la falta de planificación y coordinación ha llevado a la duplicación de esfuerzos y recursos, resaltando la necesidad de una estrategia más coherente y eficaz en la implementación de soluciones digitales.
Consecuencias sociales: Cuando la ineficiencia se traduce en exclusión
Las dificultades tecnológicas en la administración pública tienen repercusiones directas en la prestación de servicios esenciales, afectando tanto a ciudadanos como a empresas. Retrasos en la tramitación de prestaciones y dificultades en la realización de trámites digitales son ejemplos de cómo la ineficiencia tecnológica puede impactar negativamente en la sociedad, generando desconfianza y exclusión.
¿Hay salida?
La experiencia internacional muestra que incluso sistemas centralizados requieren tiempo y esfuerzo para corregir deficiencias en la implementación de la IA. Para España, la solución pasa por medidas integrales que aborden la fragmentación tecnológica, promuevan la formación continua de los funcionarios y establezcan marcos normativos claros que faciliten la interoperabilidad y la eficiencia en la administración pública. Solo mediante un enfoque coordinado y comprometido será posible transformar los desafíos actuales en oportunidades para una administración más moderna y eficaz.
La solución requiere:
-
Unificación tecnológica obligatoria, como exigen las normativas actuales.
-
Inversión adicional significativa para formar a los funcionarios en inteligencia artificial y competencias digitales.
-
Auditorías públicas de algoritmos, siguiendo ejemplos internacionales, para garantizar la transparencia y equidad en su aplicación.
Sin un plan urgente que unifique tecnologías, forme funcionarios y audite algoritmos, España seguirá relegada en la era digital, con costes sociales creciente
