Por Antonio Tejeda Encinas, Presidente de PCDD-Global: Participación Ciudadana en Defensa de los Derechos Fundamentales, la Democracia y los Derechos Digitales
PREFACIO: UNA CONSTERNACIÓN QUE TRASCIENDE FRONTERAS
Como jurista y ciudadano comprometido con la defensa de los derechos fundamentales, me siento profundamente consternado por los recientes acontecimientos en México. La elección directa de más de 2,600 jueces el pasado 1 de junio de 2025, con una participación ciudadana de apenas el 13%, no solo representa un hito histórico, sino también una señal de alarma sobre la independencia judicial y la salud democrática del país. Esta situación me impulsa a reflexionar y comparar con otros sistemas jurídicos, como el de España, y el de Estados Unidos, para analizar las distintas formas en que la justicia puede ser cooptada por intereses políticos.
MÉXICO: DEMOCRACIA DE VITRINA Y JUSTICIA DE REBAJAS
La Reforma Judicial de 2025, impulsada por Morena, nos vendió la ilusión de una justicia democratizada. ¡Ahora el pueblo elige a los jueces! ¡Justicia para todos, directo desde la urna! Pero el truco es burdo. Las candidaturas fueron propuestas por los tres poderes de la unión, lo que traduce: los de siempre eligieron a los suyos, solo que esta vez disfrazados de opción ciudadana. Y para colmo, el pueblo no se tragó el cuento: apenas un 13% fue a votar.
¿Resultado? Una lista de ganadores compuesta por perfiles de partido, activistas disfrazados de togados y operadores afines a Morena. El sistema anterior, con todos sus vicios, al menos mantenía una apariencia de selección por méritos: el Presidente proponía, el Senado confirmaba. Ahora tenemos elecciones sin información, candidatos sin trayectoria judicial y legitimidad sin sustancia. El disfraz populista no cubre la desnudez del control partidario.
La preocupación no es solo interna. La relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió que las reformas podrían «socavar la independencia del poder judicial mexicano», al aumentar el riesgo de que los jueces busquen complacer a votantes o patrocinadores de campaña en lugar de basar sus decisiones en normas y estándares judiciales.
ESPAÑA: EL CGPJ RENOVADO… PARA REPARTIRSE EL PODER
En España, el Consejo General del Poder Judicial finalmente se renovó en julio de 2024 tras cinco años de parálisis institucional. La prensa habló de un alivio institucional. Pero en realidad, lo único que se desbloqueó fue el acceso a nuevos sillones para los aparatos de partido. Los 20 vocales del CGPJ —12 jueces y 8 juristas de «reconocida competencia»— siguen siendo designados por las Cortes, vía negociación política.
Que nadie se engañe: los jueces en España no son nombrados por sus pares ni por mérito puro, sino por cuotas partidistas encubiertas. La supuesta independencia judicial queda sepultada bajo el pacto PP-PSOE. No se nombran jueces; se colocan peones ideológicos en el tablero judicial. Y mientras tanto, el Tribunal Supremo sigue con decenas de vacantes sin cubrir porque la lógica no es institucional, sino partidaria.
Incluso el magistrado emérito Javier Borrego ha advertido que España corre el riesgo de convertirse en un «Estado torcido», perdiendo los principios fundamentales del Estado de Derecho, debido a la instrumentalización de las instituciones y la proliferación de decretos-leyes que distorsionan el proceso legislativo democrático.
ESTADOS UNIDOS: VITALICIOS, POLARIZADOS Y POLITIZADOS
El modelo estadounidense, vendido como ejemplo de estabilidad institucional, es en realidad un campo minado ideológico. Allí, el Presidente nombra jueces federales y la Corte Suprema, y el Senado los confirma. Y como son vitalicios, cada vacante se convierte en una guerra santa.
No hay mérito que valga: lo que se mide es la pureza ideológica, la afinidad con la agenda conservadora o progresista del momento. No es justicia; es continuación del poder político por otros medios. A nivel estatal, en 38 de los 50 estados, los jueces se eligen por voto popular. Otro festival de clientelismo, financiación oscura y dependencia de lobbies. La independencia judicial en EE.UU. es, en el mejor de los casos, una quimera constitucional.
La relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, ha señalado que el presidente Donald Trump comenzó a moldear el sistema de justicia estadounidense «en sus propios términos», despidiendo a fiscales que investigaban casos relacionados con él y denigrando públicamente a jueces que supervisaban casos en su contra.
QUE NO NOS VENGAN CON CUENTOS
La independencia judicial está muerta, o al menos, en coma inducido. México se arrojó a la piscina del populismo togado; España mantiene su viejo juego de trileros institucionales; y Estados Unidos convierte a sus jueces en gladiadores ideológicos con toga.
El ciudadano queda atrapado entre togados de partido, jueces electoreros y tribunales que no juzgan, sino que militan. La justicia ha dejado de ser un poder; es un recurso técnico del poder.
Y mientras los dirigentes se reparten la maquinaria judicial como si fuera un botín, nosotros, los ciudadanos, seguimos sentados en la grada, viendo el show de la «democracia» en su episodio más patético.
Que no nos vengan con cuentos. Sabemos lo que hay. Y no lo vamos a callar.
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Disclaimer legal:
Este artículo constituye una opinión crítica personal e institucional en ejercicio del derecho a la libertad de expresión política, conforme a los marcos constitucionales nacionales e internacionales. No representa una imputación de hechos delictivos a personas físicas ni jurídicas . Está redactado en calidad de Presidente de una organización ciudadana que defiende principios democráticos y derechos fundamentales
